En las vísperas de un debate clave en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo enfrenta una severa fractura interna a raíz del proyecto de la nueva Ley de Discapacidad. Pese a las intensas reuniones para alinear posturas, la Casa Rosada admite abiertamente que no se ha alcanzado un consenso entre la conducción parlamentaria de La Libertad Avanza y el Palacio de Hacienda, postura que deja flotando la posibilidad firme de un veto —total o parcial— por parte del presidente Javier Milei si la norma aprobada desequilibra el esquema fiscal.
El nudo del conflicto radica en la falta de convalidación previa del Ministerio de Economía al dictamen de mayoría impulsado por la bancada oficialista en conjunto con bloques aliados como el PRO y la UCR. Mientras que el ala política en el Congreso busca asegurar los apoyos legislativos y evitar una ofensiva opositora para declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad, desde el equipo económico advierten que no se convalidarán compromisos que pongan en riesgo el déficit cero.
Las discrepancias técnicas impactan de lleno en el presupuesto público. Aunque la cartera económica incluyó una partida sustancial para pensiones no contributivas y cobertura médica, el régimen de actualización de los aranceles y la asignación expresa de fondos fijos —demandados por los bloques colaboracionistas— suman una erogación adicional que no estaba prevista originalmente en el proyecto de Presupuesto.
En este complejo escenario, el factor tiempo añade una dosis de presión suplementaria. El oficialismo proyecta llevar la medida al recinto el próximo miércoles, al tiempo que observa de cerca el calendario internacional. La próxima visita de León XIV a la Argentina, con una agenda que incluye actividades en instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, amplifica el costo político de una resolución desfavorable o de un eventual veto presidencial posterior a la sanción de la norma.
De obtener la media sanción, el expediente pasará al Senado, donde el Gobierno confía en poder introducir modificaciones que contemplen las exigencias del área fiscal. No obstante, las espadas legislativas de Balcarce 50 reconocen que la disputa de fondo sobre el financiamiento continuará latente, mientras se sostiene la premisa de que cualquier articulado que atente contra el balance presupuestario será severamente revisado o vetado por la Presidencia.
Fuente: TN (Todo Noticias) / Informe de Ignacio Salerno
Fotografía: REUTERS / Daniel Vides (NA) / Presidencia
