El proceso judicial que busca determinar la responsabilidad penal de Cristian «Pity» Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz sumó un nuevo y complejo capítulo. La audiencia prevista para este lunes tuvo que ser suspendida de manera intempestiva tras registrarse un severo brote psiquiátrico del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados en el Hospital Tornú, donde permanece internado desde la semana pasada.
De acuerdo con lo expresado por la defensa técnica del músico, encabezada por el abogado Javier Baños, el episodio de descompensación ocurrió en el preciso momento en que el personal médico intentaba realizar el traslado del paciente desde la sala de terapia intermedia hacia una sala común con el objetivo de conectarlo a la plataforma virtual del debate. En ese trance, el artista atravesó una crisis en la que intentó retirarse de la clínica, por lo que requirió la intervención inmediata de los profesionales del nosocomio y del personal de contención.
El letrado defensor sugirió que el cuadro podría estar directamente vinculado con un síndrome de abstinencia severo, aunque enfatizó que la circunstancia médica exacta aguarda la ratificación formal mediante los informes clínicos definitivos del establecimiento asistencial. «No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido se encuentre en condiciones de presenciar el acto», sostuvo la defensa al formalizar la solicitud de postergación.
Si bien el Tribunal examinó en primera instancia si correspondía o no suspender la audiencia —recordando que el imputado no está obligado a seguir cada tramo del juicio de forma personal cuando cuenta con representación letrada—, la gravedad del episodio terminó inclinando la balanza hacia la interrupción de la jornada. En esta fecha estaba programada la declaración testimonial de siete testigos clave, entre los que se contaban profesionales periciales, un sacerdote y personas bajo estricta reserva de identidad.
El músico, de 54 años, afronta una imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por un hecho acontecido en julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano. La figura legal contempla una escala de pena que va desde los 8 hasta los 25 años de prisión. Mientras tanto, el Tribunal ha solicitado una ampliación de las evaluaciones de salud mental para definir los pasos a seguir en las próximas audiencias.
Fuente: Telefe Noticias / Redacción de Actualidad Judicial
Fotografía: TN (Juan Pablo Chaves)
