En el centro de una encendida controversia pública e institucional, la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Laura De Marinis, rompió el silencio tras haber dictado la inconstitucionalidad de la norma que habilita el juzgamiento de menores a partir de los 14 años. La resolución judicial derivó en el sobreseimiento de un adolescente implicado en una causa por tentativa de robo en la vía pública, desencadenando una dura ola de críticas y pedidos de juicio político por parte de diversos sectores del arco gubernamental.
En declaraciones periodísticas, la magistrada ratificó el tenor de su dictamen e insistió en que las garantías contempladas en los tratados internacionales de derechos humanos obligan al Estado a emplear el aparato punitivo como última ratio frente a la vulnerabilidad social extrema.
Entre los derechos de la infancia y la controversia punitiva
«Aplicar la respuesta desde el sistema penal es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante y desproporcionado», sostuvo De Marinis, al tiempo que detalló las condiciones vitales del joven involucrado, quien se encontraba desescolarizado y al margen de programas estatales de contención antes del episodio investigado. Según argumentó, la intervención de la Justicia debe priorizar mecanismos de protección integral coordinados con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes antes que la apertura de antecedentes judiciales.
Frente a las especulaciones sobre un eventual marco de impunidad o una suspensión generalizada del Régimen Penal Juvenil, la jueza remarcó que el alcance del fallo se ciñe exclusivamente al expediente bajo su estudio. «Esto es una decisión en un caso concreto; no se analiza la inconstitucionalidad en abstracto ni se suspende la norma para la totalidad de la población», aclaró, precisando que los mayores de 16 años vinculados a la causa continúan sujetos al proceso correspondiente.
Tensión institucional y la vía de apelación
La resolución judicial provocó un inmediato rechazo en las esferas del Poder Ejecutivo porteño y en el Ministerio Público Fiscal, que interpuso la apelación formal para que la Cámara de Apelaciones revise de manera urgente lo actuado por la magistrada. Paralelamente, se impulsaron presentaciones para evaluar el desempeño de la jueza en el Consejo de la Magistratura.
Ante la posibilidad de afrontar un jurado de enjuiciamiento, De Marinis fue categórica en su postura institucional: «Un juicio político procede cuando un funcionario no cumple con sus deberes. Que me cuestionen por los fundamentos de una sentencia judicial atenta contra la independencia del Poder Judicial y debilita las instituciones democráticas», concluyó.
Fuente: Noticias Mi Telefe / Agencia NA / Infobae
Fotografía: Captura de pantalla / Archivo Noticias Mi Telefe
