El Concejo Deliberante aprobó, con la unificación de la oposición y el rechazo del oficialismo, un nuevo régimen de regularización catastral de construcciones en el marco de la segunda sesión ordinaria del año.
Luego de aprobar las licencias de los concejales Julio Federico y Marisa Marioli, y sus respectivos reemplazos por Paola Acuña (foto principal, quien ejercerá el cargo ad honorem) y Agustín Rossi a partir del 27 venidero respectivamente, los ediles viabilizaron las designaciones de Gustavo Leguizamón como director asociado del Hospital y de Alexis Pogorzelsky como director asociado del nosocomio; la prórroga
de contrato de distribución de energía eléctrica para la Cooperativa de Bellocq y el estudio del borrador del convenio con Provincia Microempresas y Banco Provincia para establecer un mecanismo de financiamiento y difusión del acceso a la línea de préstamos de la entidad.
La jornada legislativa estuvo precedida por el uso de la Banca Ciudadana de parte del retense Armando Schneider, quien expuso problemáticas de la localidad como la falta de transporte público y la escasa provisión de servicios, entre otros.
Regularización catastral, aprobada pero con cruces
En cuanto al régimen de regularización catastral de construcciones por el plazo de un año, la oposición recordó que la iniciativa se aprobó y tuvo dos vetos consecutivos del Ejecutivo durante 2022.
«Ya se aclararon las razones por las cuales son beneficiosas para los vecinos que cuentan con vivienda única o comercios pequeños. Esto también beneficia a clubes y entidades de servicio. Pensé que el Movimiento Vecinal quería colaborar pero lo que quería era cambiarla para poder vetarla», indicó la peronista Paola Salerno.
En tanto, la radical Daiana De Grazia consideró que es «un proyecto válido que beneficia a los vecinos. Lo traigo aparejado al veto sobre las construcciones costeras también del año pasado. Hay cuestiones que dan vergüenza y volveremos a insistir en esto. Cuando sentamos posición es porque estamos convencidos de que son beneficiosas».
Al cierre, el oficialista Werner Nickel observó que las respectivas negativas se anclaron en cuestiones legales sobre fijación de recursos y gastos que implicaba la iniciativa.
«Los vetos apuntan a cuestiones de interpretación de la Ley Orgánica de las Municipalidades porque ponen en juego las atribuciones del Legislativo. Afectaríamos el Presupuesto del año, a riesgo de desequilibrar los ingresos. No es menor porque, según los cálculos, se habla de más de $24 millones», zanjó.
En uso de la palabra, el titular del cuerpo Martín Garate apuntó que «hay una falta de comunicación entre el Ejecutivo y el titular del bloque. No es la única ordenanza con la que pasa lo mismo. A esta altura, las objeciones, ¿por qué no se plantean antes?», consideró.
Su par Graciela Callegari expuso con ironía que «el planteo subestima los ingresos por Coparticipación: desgarrarnos las vestiduras por $24 millones es un poco irrisorio y llama la atención. Acá parece que no queremos aceptar ni aprobar propuestas de otros sectores».
Al cierre, el radical Carlos Ávila planteó la situación de la hormigonera y expuso que «¿pensamos en los vecinos o en la política?» para luego tomar la palabra su par Soledad Cadenas, quien defendió la postura opositora y alegó que «se usa la Ley Orgánica de las Municipalidades para casi todo».
