La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de desestimar una cautelar promovida por el Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata —dejando así en vigencia el artículo del DNU 70/2023 que deroga la Ley de Tierras— generó una inmediata ola de críticas y un fuerte repudio por parte de distintos sectores de la oposición política, social y gremial.
El fallo del máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata al considerar que la entidad demandante carecía de «legitimación activa» para representar un interés colectivo sobre la materia. Si bien la resolución no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del decreto ni sobre las atribuciones del Congreso, en la práctica elimina el principal obstáculo judicial que impedía la adquisición sin topes de campos y recursos estratégicos por parte de firmas o personas extranjeras.
Tras conocerse la novedad judicial, referentes de diversos espacios opositores calificaron el dictamen como un severo retroceso para la soberanía nacional sobre áreas fronterizas, hídricas y mineras. A su vez, advirtieron que la medida contraviene los debates del Poder Legislativo y llamaron a articular acciones públicas y movilizaciones de protesta contra la desregulación dominial del territorio argentino.
Fuente: Infobae / Cobertura judicial y política.
Fotografía: Gentileza Infobae / Prensa CSJN.
