El Senado aprobó este jueves el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que recorta el régimen de Zona Fría y deja a Tres Arroyos fuera del subsidio al gas. La iniciativa obtuvo 38 votos a favor y 8 en contra, y quedó convertida en ley tras haber recibido media sanción de Diputados el pasado 20 de mayo.
La reforma elimina la ampliación del régimen que había incorporado a numerosos municipios bonaerenses, entre ellos Tres Arroyos y Bahía Blanca. La pérdida del beneficio podría traducirse en incrementos de hasta el 50% en las facturas de gas, según las estimaciones difundidas.
Con la nueva legislación, el beneficio territorial quedará limitado a la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. En la provincia de Buenos Aires, Patagones sería el único distrito que conservaría automáticamente la bonificación, debido a su pertenencia a la región patagónica.
Otro de los cambios importantes está relacionado con la forma de calcular los descuentos. Actualmente, las bonificaciones de entre el 30% y el 50% se aplican sobre el total de la factura. Con la modificación, el descuento se calculará únicamente sobre el precio del gas, conocido como Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), sin incluir los costos de distribución, transporte ni los impuestos.
De esta manera, incluso los usuarios que continúen dentro del régimen podrían experimentar aumentos en sus boletas, debido a la reducción de la base sobre la cual se aplica el beneficio.
Para los hogares de Tres Arroyos que queden fuera del beneficio territorial, la nueva normativa contempla la posibilidad de solicitar los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), siempre que acrediten las condiciones socioeconómicas exigidas.
Entre los requisitos se establece un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC. También se contemplan situaciones particulares, como los hogares con Certificado de Vivienda Familiar, los veteranos de Malvinas y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), estas últimas sujetas a evaluación de la Secretaría de Energía.
El Gobierno nacional fundamentó la reforma en la necesidad de reducir el costo fiscal del régimen. Según estimaciones oficiales, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderían el beneficio, mientras que otros 1,8 millones continuarían alcanzados por el nuevo esquema.
