El Ejecutivo aclaró que no existe una denuncia formal en contra del director de Políticas Tributarias Ariel Sánchez por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público», tras la revelación de que la firma Trafer accionó por la emisión presuntamente ilegal de un certificado de deuda por la tasa de inspección de seguridad e higiene.
En un comunicado, la firma de la familia Fernández remarcó que la denuncia alcanza al subdirector de Recaudación Pablo Huerta y la contadora municipal interina Daniela Ortega debido a la obligación del cobro de los períodos 2012, 2013, 2014 y 2016, lo que faculta a la Comuna a iniciar un juicio por apremios.
El secretario de Hacienda Federico López Di Fondi remarcó que la demanda no se registró y alertó que la empresa incurrió en una evasión de tasas municipales ante lo cual se denunció judicialmente para luego deplorar que la metalúrgica «se victimiza ante los medios».
«Hemos encontrado que la empresa no estaba declarando correctamente sus ingresos a partir del cruce de datos. La empresa estaba haciendo declaraciones en donde pagaba el mínimo: una empresa que recauda millones pagaba $200 o $300 bimestrales de la tasa de seguridad e higiene», espoleó tras lo cual indicó que «mientras podía declarar el mínimo lo hacía, al igual que cualquier comercio».
Asimismo, subrayó que «esta empresa evadía tasas municipales, se detectó y a partir de eso se inicio un proceso que se inicia ante cualquier empresa: se judicializó y el juez tomó determinaciones y avanza sobre la causa como el embargo de cuentas».
