El impacto económico del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional complejizará el panorama para todas las cadenas productivas.
En diálogo con Radio 3, el abogado Javier Kristensen comparó la actual situación, en materia de contratos, con lo padecido en la crisis de 2001 por lo imprevisible.
«Hay un equilibrio muy difícil entre el cuidado de la salud y el de la economía: va a haber daños, se han tomado medidas dispersas y se decretaron los precios máximos que fijó la canasta básica de alimentos e higiene mantenidos por treinta días con respecto a los primeros días de marzo», focalizó.
Con respecto al escenario de los alquileres de viviendas, indicó que «el decreto no tiene clasificación de inquilinos, es decir que lo mismo puede dejar de pagar un inquilino que no se ve afectado que una persona que no puede salir a trabajar. El dueño de la casa tiene la posibilidad de que el inquilino no le pague por seis meses y el inquilino, pasado esos seis meses, tiene que refinanciar esa deuda en un máximo de seis meses además de los intereses».
En cuanto a colegios privados y gimnasios, el letrado explicó que «as instituciones no pueden desfinanciarse por un caso de fuerza mayor. Hoy por hoy, especialistas de derechos del consumidor hablan de que puedan darse situaciones de esfuerzo compartido. No creo que actividades privadas como escuelas condonen ni el 50% ni el 100% de la cuota. Vamos a tener que estar mediando de la mejor manera, priorizando el interés común por sobre el particular».
