El Sindicato de Empleados de Comercio aseguró que la denuncia presentada por el extesorero Luis Cravenna, que motivó un allanamiento a la entidad, es una «clara maniobra totalmente malintencionada» y contraatacó al afirmar que éste inició un juicio laboral.
La semana pasada, la Policía allanó al gremio en el marco de una presentación judicial por «delito de acción pública, estafa y defraudación especial, administración desleal» contra el secretario general Roberto Di Palma, la subsecretaria Adriana Di Noyo y la tesorera Silvia Beitía, a quienes acusó de percibir honorarios no justificados de parte del sindicato y la obra social OSECAC en simultáneo.
En un extenso comunicado, el gremio descartó remarcó que la presentación de la misma «pretende confundir a la comunidad mezclando lo que significa una licencia gremial, con honorarios gremiales» y explicó que «ninguna de las personas denunciadas ha percibido suma alguna por tareas no realizadas o ha dejado de prestar servicios para su empleador directo, como consecuencia de sus nuevas labores gremiales».
«En ninguno de los casos denunciados, existe defraudación o delito alguno, siendo totalmente falso que siguieran percibiendo un salario por labores no realizadas o que se facturaran tareas inexistentes, lo cual es fácilmente comprobable», prosiguió el escrito en que rechazó la falsedad de lo aseverado por Cravenna en la denuncia.
«Dejaremos que la justicia actúe y resuelva esta infundada denuncia penal, para que una vez concluida la misma, comunicar a nuestros afiliados y a la comunidad entera su resolución», concluyó tras defender las tareas realizadas para ordenar y transparentar el sindicato.
