A dos años del lanzamiento del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la iniciativa central del Poder Ejecutivo para atraer capitales privados a través de beneficios impositivos y estabilidad tributaria por 30 años muestra una marcada brecha entre los anuncios formales y el flujo real de divisas que ingresó a la economía argentina.
Según los datos asentados en la plataforma oficial del régimen, el Gobierno ya oficializó mediante el Boletín Oficial un total de 23 proyectos por un monto aproximado de 50.000 millones de dólares, mientras mantiene en etapa de evaluación otras 24 propuestas que representan cerca de 160.000 millones de dólares. Sin embargo, no existen publicaciones periódicas consolidadas por parte del Ministerio de Economía ni del Banco Central (BCRA) que detallen con precisión el volumen de divisas efectivamente liquidadas en el mercado local.
Ante la ausencia de un indicador público unificado, analistas privados y consultoras económicas recurren a variables indirectas para medir la ejecución real de las obras, entre las que destaca el seguimiento de las importaciones de bienes de capital e insumos específicos por parte de las empresas adheridas. De acuerdo con estimaciones de la consultora EcoGo sobre registros aduaneros, las compras al exterior vinculadas al RIGI sumaron 623,9 millones de dólares desde comienzos de 2025, registrando un pico de aceleración en el trimestre julio-septiembre de 2026, impulsadas principalmente por obras de infraestructura como el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), desarrollos mineros, parques solares y proyectos siderúrgicos.
El debate en torno a la herramienta también abarca el costo fiscal implícito. Diversos estudios privados advierten sobre el impacto del «gasto tributario» —los ingresos fiscales que el Estado deja de percibir por las exenciones otorgadas—, calculando una renuncia de hasta 8.500 millones de dólares anuales. En contraposición, desde el equipo económico argumentan que se trata de radicaciones de capital de escala transformadora que no se habrían concretado sin el marco legal que exige un desembolso mínimo de 200 millones de dólares por emprendimiento.
Por exigencia normativa, las compañías participantes disponen de un plazo de dos años tras su aprobación para ejecutar los pisos mínimos de inversión comprometidos, por lo que los economistas prevén que el grueso de la liquidación de divisas y el impacto definitivo en las reservas se consolidará de manera paulatina entre finales de 2027 y 2028.
Fuente: TN
Fotografía proviene de: AmCham / EcoGo / X (ex Twitter) de Luis Caputo
