Un nuevo y relevante capítulo se suma al expediente judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción, sobreprecios y cobro de retornos en las contrataciones públicas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según surge de las recientes actuaciones recabadas en la causa a cargo de la Justicia Federal, la red de testimonios e inspecciones documentales comenzó a trazar un esquema de presuntos desvíos que habrían tenido como destino directo la Casa Rosada.
Las revelaciones incorporadas a la instrucción penal reconstruyen el circuito irregular a través del cual proveedores y prestadores del organismo descentralizado debían abonar un porcentaje de las facturaciones emitidas a cambio de garantizar el cobro de expedientes y la prórroga de contratos vigentes.
Un circuito de recaudación paralela y acusaciones en la cúpula
De acuerdo con las declaraciones tomadas a testigos clave y personal de las áreas administrativas, la maniobra no se limitaba a dependencias internas del organismo, sino que incluía una logística para el traslado físico de dinero en efectivo hacia oficinas del Palacio de Gobierno. Los testimonios señalan a exfuncionarios de la conducción de la ANDIS como los responsables directos de coordinar y exigir las entregas sistemáticas.
El avance de la pesquisa judicial —que analiza contrataciones de servicios, provisión de insumos ortopédicos y convenios marco— pone bajo la lupa los mecanismos de control interno y las cadenas de mando intervinientes durante el período investigado, buscando precisar quiénes eran los destinatarios finales de los fondos desviados.
Medidas de prueba y resoluciones en puerta
Frente a la gravedad de los elementos recolectados, el juzgado interviniente analiza la ejecución de nuevas medidas de prueba, incluyendo el peritaje de dispositivos electrónicos incautados, cruces de llamadas telefónicas y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los imputados.
El expediente, que ha generado un fuerte impacto en el escenario político e institucional, se encamina hacia una ronda de citaciones a indagatoria a medida que la fiscalía busca consolidar la trazabilidad de los pagos indebidos y deslindar las responsabilidades penales de las altas esferas gubernamentales mencionadas en las actuaciones.
Fuente: Página/12
Fotografía: Archivo de Página/12
