El Dr. Javier Kristensen continuó su análisis de la reforma laboral 2025 en los estudios de Radio 3 Continental, poniendo el foco no solo en el contenido de la ley, sino también en el contexto institucional y cultural en el que se pretende aplicar
Uno de los conceptos centrales fue el “espíritu de la ley”, por encima de su letra. “Las leyes tienen espíritu. El problema no es modernizar el mercado laboral, sino definir si esta reforma busca dinamizar el empleo o concentrar poder en un solo sector”, señaló Kristensen, advirtiendo que allí es donde intervienen la política y la justicia.
En ese marco, realizó una fuerte descripción de la situación de la justicia laboral en la provincia de Buenos Aires, destacando la falta de jueces, la sobrecarga de los tribunales y la ausencia de instancias de revisión. Explicó que un fallo laboral solo puede ser apelado ante la Suprema Corte bonaerense, lo que implica costos millonarios y demoras de varios años, tanto para empleadores como para trabajadores.
Otro eje relevante fue el rol del sindicalismo. Sin hacer juicios de valor, Kristensen señaló que en Argentina existe una cultura sindical muy fuerte, que ha generado históricamente un enfrentamiento entre trabajadores y empleadores. “Eso está mal, porque nos necesitamos todos”, afirmó. Además, adelantó que uno de los puntos más conflictivos de la reforma será la limitación a ciertas prácticas sindicales, como las asambleas sin autorización o los bloqueos de empresas, lo que seguramente abrirá nuevos debates judiciales y políticos.
Respecto a las indemnizaciones, el abogado aclaró que la reforma no modifica directamente el cálculo tradicional, sino que habilita la posibilidad de acordar un fondo de desempleo, similar al que existe en la industria de la construcción. Este fondo se integraría con aportes mensuales del empleador y se cobraría al finalizar la relación laboral. No obstante, advirtió que el sistema presenta falencias técnicas, como la falta de definiciones ante una renuncia o el destino de los fondos.
Kristensen también desmintió que esté expresamente establecido un tope de 10 salarios para indemnizaciones o el pago obligatorio en cuotas, afirmando que no encontró esas disposiciones escritas de manera taxativa en el proyecto.
Finalmente, destacó que ya hubo un cambio significativo: la derogación de las multas laborales que, en muchos casos, multiplicaban las indemnizaciones por errores formales de registración. “Eso hacía inviables muchos juicios y no necesariamente beneficiaba al trabajador”, explicó.
Como reflexión final, el abogado subrayó que una verdadera reforma laboral debería priorizar la reducción de los costos impositivos para emplear, de modo que ese alivio se traduzca en mejores salarios y más empleo registrado. “Una reforma laboral atraviesa muchos temas y necesita explicación, comunicación y consenso. No es todo para un lado ni para el otro, sino para el bien común”, concluyó.
