El viernes pasado, un grupo de inversores de Dunamar SA con su titular Alejandro Burgauer a la cabeza, visitaron el Concejo Deliberante para analizar la derogación de una ordenanza sobre construcciones en el frente costero en la pasada sesión legislativa.
De acuerdo a lo expresado por los damnificados, la medida complejizará la ampliación del ejido urbano de la localidad costera hacia el oeste, proyectado desde 2013.
El tema acumula marchas y contramarchas, sobre todo lo vinculado a la urbanización costera: en febrero de 2020 se efectuó una audiencia pública con serios contrapuntos sobre el impacto ambiental en médanos y acuíferos.
En diálogo con Radio 3, el presidente del Concejo Deliberante Martín Garate explicó que se pusieron a disposición para que se avance a nivel provincial con la iniciativa de urbanización.
«En su momento no estuvo hecho el informe ambiental, hay un expediente provincial y en su momento se decretó la inconstitucionalidad de esa ordenanza. Estoy a favor de cualquier inversión inmobiliaria pero con ciertos parámetros de respeto ambiental no solo en Claromecó. Si la Provincia da el OK, y la situación ambiental está bien, se tratará el proyecto», calificó.
