La audiencia pública por la futura urbanización en Dunamar generó contrapuntos en torno a las posturas de quienes se encuentran a favor y quienes objetan la iniciativa.
En un informe de 2017 el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) alertó sobre futuras irregularidades ambientales en las 242 hectáres al este de la localidad balnearia mientras que los desarrolladores apuntalan que la Autoridad del Agua bonaerense permitió la captación del fluido.
Colegio de Arquitectos: «se venden terrenos ilegalmente»
Desde un punto de vista técnico, el integrante del Colegio de Arquitectos José Duca objetó por Radio 3 que se venden lotes de manera ilegal debido a que aún no cuenta con la aprobación de la ampliación urbana.
«Las grandes dudas que tenemos es que el proyecto no tiene un profesional responsable: para poder hacer urbanismo los únicos capacitados son los arquitectos. Acá no hay ninguno y no se trata de mera voluntad. Acá vamos a urbanizar 240 hectáreas y no hay un equipo profesional responsable», expresó tras puntualizar que el acuífero se verá afectado negativamente.
Para ambientalista, «hay muchas irregularidades y mucho por hablar»
A su turno la abogada ambientalista Vera García Christensen indicó que la exposición fue «un desastre» y recalcó que aún no se conocen informes claves de la Autoridad del Agua, el OPDS y el Ministerio de Asuntos Agrarios.
«Si bien está bueno que se de a conocer, la primera hora fue la presentación del proyecto como algo particular, consideraciones estatales hubo pocas: diría que fue casi lo mismo que lo hubiera presentado Dunamar S.A. que (el secretario de Gestión Ambiental Ricardo) D’Annunzio. Se que hay buenas intenciones pero los funcionarios tienen que cumplir las normas. Hay muchas irregularidades y mucho por hablar: si no tenemos información previo no podemos opinar. Esperamos que los pedidos sean tenidos en cuenta, sino tendremos que hacer amparos judiciales», indicó por Radio 3.
Burgauer: «tendremos un 30% del área con espacios verdes»
Por su parte Alejandro Burgauer (quien solicitó no ser señalado como «desarrollador») abogó por el cumplimiento del proyecto en diálogo con Radio 3 y alegó que sólo 60 hectáreas las 242 contempladas en el loteo serán edificables mientras que el resto se divide en áreas protegidas, frente costero y obras viales.
«El estudio de impacto ambiental se hizo en 2014: la OPDS se expidió al respecto diciendo que es competencia de la Municipalidad la emisión de su parecer al respecto pero como es una zona con complejidad ambiental, le dice que para hacer eso tiene que tener en cuenta una serie de puntos y fueron los que tuvo en cuenta la Municipalidad para solicitar esta audiencia. Va a ser el punto de desarrollo de Claromecó, que necesita tener un impulso: tendrá efectos indirectos que beneficiarán a la comunidad», indicó.
