El entramado judicial y político que sacude al norte cordobés derivó en una drástica decisión institucional. Ante la erosión de la confianza pública y la gravedad de los hechos investigados, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, conducido por Juan Pablo Quinteros, dispuso la remoción completa de la cúpula de la Unidad Regional Departamental Río Seco.
La medida, ejecutada en forma conjunta con el jefe de la Policía provincial, comisario general Marcelo Marín, busca intervenir de manera directa en la estructura de mando local en medio del avance de la causa judicial que investiga delitos de grooming, abuso sexual y explotación de menores en la localidad de Villa de María del Río Seco. La instrucción, liderada por la fiscal Analía Cepede, cuenta hasta el momento con 15 personas imputadas —14 de las cuales permanecen privadas de la libertad—, un abanico de sospechosos que incluye a un integrante de la propia fuerza policial y a un ex asesor del bloque legislativo provincial.
Reestructuración operativa y avance en los tribunales
Frente al descrédito de la jefatura saliente, la cartera de Seguridad designó al comisario inspector Pablo Sebastián Allendes como nuevo director de la Departamental Río Seco, secundado por el comisario inspector Miguel Silva en la subdirección, mientras que el control de las Zonas 1 y 2 quedó bajo la órbita del comisario Franco Javier Montoya.
En el plano judicial, las actuaciones se intensificaron tras la incorporación del testimonio de una cuarta víctima, lo que posibilitó la concreción de nuevas medidas de allanamiento y detenciones. Las imputaciones abarcan desde contactos digitales clandestinos con fines de acoso (grooming) hasta vejaciones e intervenciones en el sometimiento de adolescentes. En paralelo, la Legislatura provincial aprobó una licencia por 180 días sin goce de sueldo para el legislador Ernesto Ramón Flores, cuyo colaborador directo, José Aníbal Ricardo Villarreal, se encuentra entre los principales detenidos en el expediente.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el recambio de autoridades persigue el objetivo de garantizar la transparencia, colaborar sin condicionamientos con los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y recomponer la seguridad ciudadana en un distrito conmovido por el alcance del escándalo.
Fuente: Noticias Telefe / Telefe Noticias (con información de Noticias Argentinas)
Fotografía: Gobierno de la Provincia de Córdoba / Prensa Policía de Córdoba / Canal 10
