El Gobierno inició auditorías con el fin de suprimir pensiones no contributivas por discapacidad y desde el área municipal señalan que, si bien no se notificaron eliminaciones a nivel local, tampoco se registraron nuevos ingresos gestionados por la oficina.
La justificación de la medida, adoptada por decreto, se basa en las “inconsistencias alarmantes” halladas sobre 10.900 prestaciones relevadas e indica que “la pensión no contributiva por invalidez laboral se encuentra sujeta a revisión y/o auditoría médica y socioeconómica, y podrá pedirse su revalidación según lo determine la Autoridad competente”.
A partir de ahora, para acceder a una pensión por invalidez, no se podrá tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones; para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo, de acuerdo a los criterios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Luego de la reunión del Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, en donde se abordó el tema, la titular del área Andrea Elgart dialogó con Radio 3 y planteó que la decisión es de carácter irregular.
«Es un recorte, porque si se desde antes que voy a dar de baja a 500 mil pensiones no es una auditoría. Auditar es una cosa y presumir que las pensiones están mal dadas es otra: el sistema que se realiza en Tres Arroyos desde hace décadas, tiene la misma médica a cargo que no tiene ningún tipo de sospechas sobre su trabajo», validó.
Consultada sobre la situación local, la referente estimó que «la realidad es que hemos recibido muchas consultas pero ninguna de esas pensiones fue suspendida pero si hay que tener en cuenta que desde el 10 de diciembre no salió una pensión nacional tramitada en este ámbito, ni una sola».
«No son medidas para transparentar, son medidas de ajuste», grafican en el área de Discapacidad
