El fiscal general del departamento judicial de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, visitó la ciudad y rubricó convenios de colaboración institucional con la Comuna y la Fiscalía e indicó que no se cuentan con recursos económicos para instalar una fiscalía temática exclusiva para la ruralidad.
Los mismos incluyen ejes como el intercambio de información estadística, capacitación destinada a personal de seguridad y cooperación tecnológica para optimizar el funcionamiento del servicio de justicia.
En contacto con los medios tras un encuentro en la Fiscalía y previo a un encuentro con el intendente Carlos Sánchez, el funcionario judicial indicó que uno de los puntos centrales de su gestión será la cobertura de los seis cargos de fiscales para los doce distritos nucleados en el departamento judicial bajo su dirección.
«La falta de designación de fiscales es una materia pendiente que a mi me preocupa mucho: es muy dificultoso el procedimiento para la elección de un fiscal y que se paralizó con la pandemia; también se requiere de acuerdos de naturaleza política necesarios. Esperemos que el procedimiento comience a fluir para brindarle respuestas a la sociedad», consignó por Radio 3.
Consultado sobre el mapa delictual de la región, Fernández observó que bajaron los robos y hurtos durante la pandemia pero aumentaron los conflictos intrafamiliares.
«Estamos en una meseta alta en líneas generales, con valores de hace diez años pero comparativamente, este departamento judicial tiene índices muy buenos. Fundamentalmente en delitos de mayor gravedad, como violencia de género, homicidio y abigeato», calificó.
«Hay compromiso en la lucha contra el narcotráfico», consideró tras lamentar el «crecimiento exponencial» del narcomenudeo
