En el marco de una marcha federal organizada por el Foro por el Derecho a la Salud, se llevó a cabo una jornada de visibilización y recolección de firmas en las afueras del Centro Municipal de Salud. La actividad, motivada por la imposibilidad de movilizar hacia Buenos Aires, buscó informar a la comunidad sobre el vaciamiento que afecta al sistema sanitario tras el decreto del Gobierno Nacional que desfinanció en 63.000 millones de pesos al Ministerio de Salud por exigencias de austeridad del FMI. Según explicaron los organizadores, esta medida implica un drástico recorte en medicamentos oncológicos, vacunas y tratamientos contra el VIH.
La crisis nacional ya impacta de manera directa en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Tres Arroyos, donde se registra una alarmante escasez de medicamentos del programa Remediar. De un recorte que incluye 79 medicamentos esenciales, la Nación solo garantizará tres, afectando tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, además del salbutamol. Esta falta de insumos genera una profunda preocupación ante la llegada del invierno y el consecuente aumento de enfermedades respiratorias agudas en la población más vulnerable.
A la falta de fármacos se suma una preocupante irregularidad en el calendario de inmunización, dado que el Gobierno Nacional adelantó la campaña antigripal pero envió muy pocas vacunas a la localidad. Esta situación impide cumplir con el objetivo de vacunar a la mayor cantidad de vecinos antes de la época de alta circulación viral. Asimismo, la problemática se extiende a los adultos mayores, advirtiendo que uno de cada cuatro jubilados no accede a sus remedios debido a un recorte del 40% en las prestaciones de PAMI, sumado al incumplimiento del programa médico obligatorio por parte de las obras sociales.
Frente a la retirada del Estado Nacional, los gobiernos provincial y municipal se ven obligados a asumir la cobertura de estos recursos faltantes con presupuestos que no dan abasto. Los referentes del sector enfatizaron que no se trata de un reclamo caprichoso, sino de una realidad dolorosa donde los vecinos de los barrios se angustian al tener que elegir entre comprar un medicamento o comer. Finalmente, señalaron que el plan económico oficial busca deslegitimar las políticas públicas —incluyendo la Ley de Salud Mental— para justificar su destrucción, por lo que ven fundamental sostener la movilización comunitaria para visibilizar el conflicto.
