En medio de una creciente tirantez entre el sector agropecuario y la política subnacional, la Legislatura bonaerense aprobó un proyecto de ley que faculta a los municipios de la provincia a reasignar los fondos coparticipados destinados originariamente al mantenimiento de caminos rurales para financiar obras de infraestructura hídrica. La iniciativa, tratada sobre tablas y respaldada por amplias mayorías de distintas bancadas, busca dotar a los jefes comunales de liquidez inmediata para ejecutar trabajos de drenaje pluvial y mitigación ante el fenómeno climático El Niño, pero desató un rotundo e inmediato rechazo entre las principales entidades del campo.
La norma, impulsada por el diputado Sergio Vargas (Unión y Libertad) junto a la legisladora Silvana Ventura, habilita por un plazo excepcional de seis meses a que los distritos dispongan de hasta el 100% de la asignación del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales para paliar contingencias hídricas. De acuerdo con los autores del proyecto, la medida constituye una facultad optativa que busca destrabar la rigidez burocrática y brindar respuestas operativas a los intendentes ante la falta de transferencias del Fondo Hídrico por parte de la Administración Central.
Sin embargo, las repercusiones institucionales no tardaron en llegar. La Sociedad Rural Argentina (SRA) remarcó que, si bien la prevención de inundaciones resulta prioritaria, no es admisible resolver una emergencia desfinanciando otra infraestructura estratégica. Desde la entidad que conduce Nicolás Pino señalaron que desviar estos recursos sin esquemas de reposición transparentes compromete seriamente la transitabilidad, el traslado de la producción hacia los nodos logísticos y el acceso a establecimientos educativos y sanitarios en el interior bonaerense.
En la misma línea, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió un duro pronunciamiento en el que calificó de «inadmisible» la detracción de fondos para una red vial que ya presenta condiciones de severo deterioro. Desde CARBAP cuestionaron la falta de debate previo en comisiones e interpelaron la eficiencia administrativa de los municipios, recordando que las comunas ya perciben sumas considerables a través de las tasas viales locales sin que ello se traduzca en una mejora sustancial de las trazas.
Con el marco normativo ya sancionado, la controversia queda ahora supeditada a las decisiones de cada departamento ejecutivo municipal, en un escenario donde los productores rurales anticipan que seguirán de cerca la afectación de los recursos en cada distrito bonaerense.
Fuente: Infocampo
Fotografía: Archivo Infocampo
