La Cámara de Diputados pone en marcha una jornada legislativa de alta tensión política con el objetivo de convertir en ley dos de los proyectos prioritarios para la agenda económica y estratégica de la administración nacional: la ley de Defensa de la Soberanía Nacional —conocida popularmente como ley Malvinas— y la profunda reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La convocatoria, impulsada por los bloques oficialistas y aliados, prevé un debate maratónico que se extenderá por más de doce horas en el recinto. El paquete legislativo llega en un tramo final del período ordinario marcado por arduas negociaciones y diferencias en torno a determinados artículos que requieren mayorías especiales.
La reforma monetaria: prohibición de emisión y blindaje del BCRA
En el plano económico, el eje central pasa por la sanción definitiva de la reforma de la entidad monetaria, un proyecto que ya recibió modificaciones en el Senado y que la Cámara baja debe definir este miércoles. El texto ratifica el mandato exclusivo de preservar el valor de la moneda y prohíbe de manera tajante el financiamiento directo o indirecto al Tesoro Nacional.
Entre sus puntos más destacados, la normativa veda los adelantos transitorios, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades contables en ganancias reales y la adquisición de títulos públicos en el mercado primario. Asimismo, el articulado elimina las funciones de orientación del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que dichas atribuciones históricamente distorsionaron la estabilidad cambiaria y alentaron procesos inflacionarios. Desde el oficialismo sostienen que la medida busca blindar al organismo ante eventuales cambios de gestión futura.
Soberanía y recursos en el Atlántico Sur
Por su parte, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional plantea un endurecimiento de las regulaciones y sanciones contra empresas y particulares que lleven adelante actividades de exploración o explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes sin la autorización del Estado argentino. La iniciativa contempla severas multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones comerciales para las firmas infractoras.
No obstante, el debate en torno a este cuerpo normativo presenta rispideces con los bloques dialoguistas, especialmente en lo referente a los capítulos vinculados con la seguridad estratégica y las normativas sobre control de capitales y prevención de financiamientos complejos, lo que obliga al oficialismo a tejer acuerdos minuciosos para garantizar el cuórum y la sanción de los artículos en disputa.
Fuente: Infobae / Ámbito Financiero





