En una jugada coordinada a contrarreloj, el Poder Ejecutivo nacional fijó como prioridad política la sanción parlamentaria de la denominada “Ley Malvinas” antes del próximo 28 de noviembre, fecha clave en la que se conocerá el esperado pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar con sede en Hamburgo. La iniciativa, impulsada fuertemente desde el entorno estratégico de la administración central, busca erigirse como un escudo normativo y una señal de firmeza soberana frente a las operaciones hidrocarburíferas ilegulares en las áreas circundantes a las Islas.
El proyecto, que atravesó intensas discusiones internas dentro del oficialismo y con los bloques aliados respecto al diseño de los órganos de coordinación y el alcance de las nuevas tipificaciones punitivas, encara su recta final de definiciones. Desde la perspectiva oficialista, la meta es consolidar un andamiaje legal que permita sostener e incrementar la presión sobre las empresas petroleras británicas y asociadas que explotan recursos en el Atlántico Sur, independientemente de cuál sea el veredicto final de los magistrados internacionales.
Fuentes cercanas al Ejecutivo remarcaron que la estrategia diseñada es de carácter multifocal, combinando el frente arbitral con una ofensiva administrativa y diplomática que no se detendrá ante un eventual fallo adverso. El principal desafío inmediato del oficialismo en el plano legislativo radicará en consensuar los votos necesarios para separar las sanciones económicas de los artículos más resistidos, destrabando así el debate en el recinto y asegurando una victoria política clave en la agenda internacional del Gobierno.
Fuente: TN
Fotografía: Archivo





