Funcionarios de la Municipalidad de Tres Arroyos formalizaron una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16, bajo la subrogancia del Dr. Gabriel Lopazzo, para solicitar una investigación exhaustiva sobre el manejo de información sensible. La presentación, realizada por Martín Garate (Secretario de Desarrollo Social) y Andrea Elgart (Coordinadora de Discapacidad), apunta a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) por el supuesto uso de datos protegidos durante la campaña electoral.
La prueba: chats y una entrega «en mano»
El eje de la denuncia son una serie de mensajes de texto difundidos públicamente el pasado 9 de enero. En dichos chats, atribuidos a Franca Grippo —concejala de Bahía Blanca y coordinadora de LLA para la Sexta Sección—, se menciona explícitamente la tenencia de información reservada.
Según consta en la prueba aportada, los mensajes referían: “Tengo el padrón de Incluir Salud de toda la Sexta, dividido localidad por localidad, para que puedan hacer territorio”. En los textos, se hacía hincapié en el carácter confidencial de los datos: “Es información reservada, me la dieron en papel y se las voy a dar en mano (…) no quieren que ande circulando”.
Cronología y vinculación con Tres Arroyos
La denuncia establece una conexión directa entre estos mensajes y la actividad política en el distrito:
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17 de junio de 2025: Fecha de los chats donde se ofrecía la entrega del listado durante una inauguración en Tres Arroyos.
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20 de junio de 2025: Inauguración efectiva de un local de LLA en la ciudad, evento que contó con la presencia de Grippo, coordinadores locales y candidatos.
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El padrón afectado: Se trata de los beneficiarios de Incluir Salud, el seguro médico destinado específicamente a personas con discapacidad que perciben Pensiones No Contributivas.
Posibles delitos y agravantes
La justicia deberá determinar si se incurrió en la violación del artículo 157 bis del Código Penal, que sanciona el acceso ilegítimo a un banco de datos personales y la revelación de información que debiera ser confidencial.
Los denunciantes solicitaron que se considere el agravante de la condición de funcionarios públicos de los involucrados, dado que el acceso a este tipo de bases de datos estatales requiere de permisos específicos y su utilización para fines electorales o territoriales está estrictamente prohibida por ley.
