Luego que el Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto el marco regulatorio anterior que establecía que las instituciones de educación privada debían requerir aprobación a un esquema de ajustes antes de finalizar el ciclo lectivo, para luego informar a las familias valores de matrícula, cuotas, plazos de pago y recargos por atrasos, aclararon que la medida “solo alcanza a los colegios que no reciben aporte del Estado”.
“En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 70% de los establecimientos de educación privada reciben algún tipo de aporte oficial o subvención y en este caso rige otra regulación”, aseguró Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (AIEPA).
No obstante, AIEPA considera que «esta decisión representa un paso importante hacia la modernización del régimen aplicable a las instituciones sin aporte estatal, que había resultado insostenible y desfasado frente a la realidad económica y educativa del país”.
“El nuevo esquema no implica aumentos abruptos ni desproporcionados, sino que otorga a las instituciones la posibilidad de adecuar sus valores con realismo, acompañando la evolución de los costos y manteniendo el equilibrio natural que impone la competencia entre escuelas que brindan servicios equivalentes”, se añadió.
