El diputado provincial Pablo Garate presentó un proyecto de ley por el que se prohíbe la colocación de nombres de gobernantes que supongan promoción de funcionarios públicos o identifiquen la gestión, en bienes inmuebles o muebles propiedad del Estado.
El proyecto se hace extensivo a todo tipo de publicidad que se realice, tanto por los medios de comunicación social o comunicación gubernamental alternativa. La misma prohibición rige para todo mensaje micro-segmentado por redes sociales y desde base de datos.
La prohibición establecida en el proyecto del legislador del Frente Renovador también comprende a los municipios de la Provincia de Buenos Aires, y se indica que la violación a ello constituye una infracción grave en el ejercicio de la función pública.
En los fundamentos, el proyecto de Garate expresa que “es habitual que quien ejerce el gobierno de un Estado caiga en el vicio de personalizar la publicidad gubernamental. Esto quiere decir, aparecer con su imagen, voz, fotografía, nombre o firma en las publicidades gráficas, por medios audiovisuales o a través de las redes sociales, así como también en la cartelería de obras, ploteos de edificios públicos o vehículos, y hasta en los presentes que se entregan desde el gobierno”.
