El Gobierno argentino formalizó su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para exigir medidas provisionales que detengan el proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa, impulsada por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte, encendió las alertas de la administración nacional debido a la explotación inconsulta de hidrocarburos en una plataforma continental en litigio.
Esta instancia judicial marca un hecho histórico al convertirse en la primera oportunidad en que la Argentina lleva una controversia vinculada directamente con la soberanía de las islas Malvinas contra el Reino Unido ante un tribunal de carácter internacional.
La comitiva oficial que encabeza la defensa nacional está integrada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el embajador y consejero legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal —en calidad de agente argentino—; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. Asimismo, el equipo jurídico cuenta con la asistencia de especialistas de renombre internacional como Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
Durante las audiencias, Oyarzábal remarcó que el Estado argentino intentó en reiteradas ocasiones alcanzar acuerdos bilaterales de cooperación, pero que el Reino Unido optó por avanzar de manera unilateral mediante la concesión de licencias para la extracción de recursos. El representante nacional argumentó que estas prácticas violan abiertamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, la cual exhorta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras persista la disputa territorial.
Por su parte, el experto internacional Marcelo Kohen enfatizó que el pedido de medidas cautelares no busca una definición sobre la titularidad última de las islas, sino prevenir daños irreparables y evitar una «alteración irreversible de la plataforma continental en disputa» que agrave la controversia entre ambas naciones.
En contraposición, la delegación británica desestimó los planteos nacionales y cuestionó de plano la competencia del TIDM para intervenir en el asunto. La fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, sostuvo que Londres no tiene dudas sobre su soberanía en el archipiélago ni sobre los derechos de explotación en las áreas marítimas adyacentes, amparándose en su administración histórica y en los resultados del referéndum de 2013 realizado en las islas.
Las empresas a cargo de la iniciativa estiman iniciar las perforaciones operativas durante 2027 para concretar la producción comercial hacia 2028, lo que eleva el grado de urgencia del reclamo argentino para evitar hechos consumados antes de la conformación definitiva del tribunal arbitral.
Fuente: A24
Fotografía: Presidencia
