La situación judicial de Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, sumó un vertiginoso capítulo en las últimas horas. Agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevaron a cabo tres allanamientos en propiedades vinculadas al referentes del género urbano, en el marco de una causa instruida por supuestas amenazas agravadas con el uso de armas de fuego y la disputa territorial sobre un inmueble.
Los operativos, supervisados por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), se concentraron en dos residencias situadas en el country Terravista y en una finca del municipio de General Rodríguez. El músico se encontraba presente en una de las viviendas al momento del arribo de las fuerzas de seguridad.
La hipótesis de la fiscalía y los detalles de la denuncia
La causa penal se originó a partir del testimonio de una mujer que habitaba una vivienda en alquiler sobre la calle 25 de Octubre, en la localidad de General Rodríguez. Según la presentación judicial, la víctima fue abordada en primera instancia por un familiar directo del artista —identificado bajo el seudónimo de «El Oso»—, quien la habría intimado a desalojar la finca alegando que la propiedad pertenecía legítimamente a Valenzuela.
Días después del primer altercado, la denunciante sostuvo ante la Justicia que el propio cantante irrumpió en el lugar acompañado por un grupo de allegados. Siempre de acuerdo con la acusación, la comitiva habría ingresado por la fuerza al inmueble exhibiendo armas de fuego para amedrentar a los ocupantes y exigir la entrega inmediata del terreno.
A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron trazar la trayectoria de los vehículos involucrados en el incidente. Con esos elementos de prueba, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez libró las órdenes de registro a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, a cargo de la fiscal Gabriela Toscano.
Antecedentes y proyección procesal
No es el primer frente judicial complejo que enfrenta el exponente de la Cumbia 420. En 2023, Valenzuela permaneció privado de su libertad durante tres meses en la sede de la DDI de Quilmes, salpicado por una causa de privación ilegítima de la libertad y amenazas hacia vecinos de su localidad natal.
La fiscalía interviniente aguarda ahora la consolidación de los peritajes e inventarios de los elementos secuestrados en los allanamientos para determinar los eventuales pasos procesales y definir si solicitará la citación a indagatoria del cantante y los demás implicados.
Fuente: A24
Fotografía: Archivo A24
