Un procedimiento de ciberinteligencia coordinado entre organismos internacionales y fuerzas de seguridad locales permitió frustrar la eventual ejecución de una tragedia escolar en la zona sur del Conurbano bonaerense. Agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina ejecutaron un ordenamiento de allanamiento en una vivienda del partido de Quilmes, donde reside un adolescente investigado por haber planificado detalladamente un ataque armado contra sus compañeros de colegio, intención que había volcado explícitamente en conversaciones virtuales con el modelo de inteligencia artificial ChatGPT.
La investigación judicial se puso en marcha luego de una alerta emitida por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos. La plataforma de la empresa OpenAI activó de forma automática sus protocolos internos ante la detección de prompts que sugerían una amenaza inminente de violencia masiva en un entorno educativo, remitiendo la información a las agencias federales norteamericanas, que a su vez canalizaron el pedido de cooperación internacional hacia las autoridades argentinas. De acuerdo con los registros informáticos incorporados al expediente, el joven planeaba la masacre para el año 2027, aunque evaluaba seriamente adelantar la fecha del hecho.
Durante la irrupción policial en el domicilio del sospechoso, ordenada por el Juzgado de Garantías del Joven N.° 1 de Quilmes a requerimiento del fiscal Walter Bruno, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 1, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras, soportes de almacenamiento digital y diversos pertrechos de indumentaria y equipamiento táctico. Aunque en el registro no se hallaron armas de fuego ni municiones activas, la pericia técnica sobre el material informático buscará determinar si el investigado intentaba adquirir armamento por la vía del mercado clandestino o foros de la red oscura.
Debido a la condición de menor de edad del involucrado, sus filiaciones personales y el establecimiento educativo al que asiste se mantienen bajo estricta reserva judicial. Tanto el adolescente como sus progenitores comparecieron ante la sede fiscal interviniente, donde el fuero juvenil formalizó la imputación por el delito de «intimidación pública», en tanto los equipos interdisciplinarios de contención y psicología evalúan la aplicación de medidas cautelares y asistenciales sobre la conducta del menor.
Fuente: Infobae / Sección Policiales y Judiciales
Fotografía: Policía Federal Argentina (PFA) / Archivo Judicial (vía Infobae)
