El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil vuelve a deliberar este mediodía en la Secretaría de Trabajo para intentar acordar una nueva pauta de actualización sobre la referencia salarial básica del país, que hoy se ubica en $376.600 mensuales. La mesa de negociación, encabezada por funcionarios de la cartera laboral, sienta a representantes de las principales centrales sindicales y de las cámaras empresarias en un escenario atravesado por discusiones técnicas sobre el verdadero alcance del indicador.
Sin embargo, el eje del debate económico se amplió de manera considerable. En forma paralela a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), la gestión de Trabajo liderada por Julio Cordero comenzó a sondear la factibilidad de incorporar en las negociaciones colectivas de cada actividad un “salario mínimo garantizado” de $1.070.000 brutos para el mes de agosto (unos $860.000 de bolsillo, según las deducciones de cada caso).
Desde el oficialismo remarcan que se trata de dos instrumentos de naturaleza y dinámica divergentes. Mientras que la pauta que fije el Consejo del Salario impacta de manera directa en la cuantía de prestaciones asistenciales, programas por desempleo y otros coeficientes del gasto público, el haber mínimo garantizado deberá ser discutido y homologado actividad por actividad dentro del sistema paritario. La Casa Rosada argumenta que solo un 0,2% de la fuerza laboral registrada de los sectores público y privado percibe ingresos equivalentes al haber mínimo formal, por lo que busca concentrar el esfuerzo distributivo en los 446 convenios colectivos de actividad y más de 300 de empresa que engloban a 5,2 millones de asalariados.
El eventual establecimiento de esta pauta piso tendría un efecto de recomposición más perceptible en aquellas ramas cuyos básicos de ingreso aún se encuentran rezagados, como maestranza, construcción o salud. Por el contrario, en sectores como el comercio o los servicios financieros, las escalas de las categorías de ingreso ya rebasan holgadamente ese piso conceptual.
Tanto en la conducción de la CGT como en la cúpula de las cámaras empresarias recibieron el proyecto oficial con cautela. La central obrera aduce no haber formado parte de la elaboración de la iniciativa y ratifica que los aumentos deben ser el resultado exclusivo del libre entendimiento sectorial. Por su parte, el sector corporativo evalúa con atención el posible impacto en las estructuras de costos de las pequeñas y medianas empresas, a las que les resulta más complejo asimilar modificaciones de piso en sus escalas jerárquicas inferiores.
Fuente: A24
