La problemática habitacional salió a la luz pública luego de que uno de los afectados utilizara la banca ciudadana en el Concejo Deliberante para visibilizar el conflicto dominial.
El vecino Juan Alberto González explicó que las propiedades fueron cedidas originalmente hace 31 años por el entonces encargado de la colonia ferroviaria, identificado como Chango Benavídez.
Las familias reconocen que las tierras son de propiedad nacional y que nunca mediaron títulos de compraventa ni adjudicaciones oficiales por parte de la empresa.
Una orden de desalojo con un plazo de diez días encendió las alarmas de los residentes, aunque el plazo se extendió y hasta el momento no se registraron nuevas medidas judiciales.
El municipio intervino a través del área correspondiente y mantuvo gestiones con los vecinos damnificados para evaluar alternativas habitacionales.
Las opciones analizadas contemplan la entrega de posibles terrenos en la localidad de Cascayares o asistencia con el pago de alquileres para las familias afectadas.
Los habitantes de la zona destacaron la predisposición oficial ante la compleja situación social, mientras aguardan precisiones sobre los plazos de reubicación.
