Tras un conflicto judicial de poco más de dos años, cuyo resultado favoreció a CELTA en todas las instancias, la cooperativa procedió hoy al corte de suministro eléctrico en Castelli 444.
En el domicilio habita el señor Donato Callá, quien «pretendió imponer, desde enero de 2014, un sistema propio de pago con sustracción de ítems», según el comunicado.
Además, prosiguió señalando que la decisión se tomó «contraviniendo los mecanismos administrativos y de cobro establecidos por la entidad, y contrariando las leyes y disposiciones que rigen en la materia» y que la presentación judicial de éste «fue rechazada en todas las instancias judiciales, debiendo además afrontar las costas de los abogados».
Asimismo, la entidad avanzará en la intimación del pago total de la deuda contraída.
Un conflicto con historia
El 15 de enero de 2014, Callá presentó una carta en la CELTA, aduciendo haber efectuado un pago parcial, en una cuenta de la cooperativa, sustrayendo ítems de la factura sobre los consumos en dos domicilios: Sarmiento 956 y Castelli 444.
Esta acción no solo es administrativamente incorrecta, sino sobre todo ilegal, determinando que la factura se considere impaga.
Tras la acumulación de deuda y la notificación de rigor, se procedió por la mañana al corte de servicio en ambos domicilios con fecha 27 de marzo de 2014.
Ese mismo día por la noche, una cuadrilla de CELTA constató irregularidades en las direcciones citadas, habiendo el usuario manipulado la red eléctrica sin intervención de personal de CELTA, poniendo en riesgo la vida propia y de terceros y causando perjuicio en las instalaciones de la cooperativa, con el propósito de recobrar de manera ilegal el servicio eléctrico.
En el domicilio de Sarmiento 956, propiedad del señor Callá pero que es alquilado con fines comerciales, la inquilina se avino a regularizar la situación, efectuando el cambio de medidor a su nombre y abonando los gastos de reconexión. No sucedió lo mismo en el domicilio de Castelli 444, donde se procedió a un nuevo corte, con intervención de escribano público.
Es en esta dirección, y en esa noche, en que se produjo una de dos amenazas a empleados de CELTA y sus familias, por las cuales el señor Callá fue denunciado penalmente.
En esta ocasión, y en momentos en que un operario de CELTA se encontraba sobre la escalera procediendo al corte, Callá amenazó: “Que debo hacer, bajarlo de un tiro a éste”. El escribano presente dio cuenta de la advertencia en el acta notarial. La segunda amenaza la dejó por escrito, en una epístola enviada a la cooperativa, en la que apunta contra un empleado de CELTA y su familia.
El 28 de marzo de 2014, la cooperativa fue notificada de una medida cautelar al señor Callá, en el marco de la acción de amparo. Cumpliendo con la orden del juez, se repuso el servicio en el domicilio de Castelli 444, mientras se sustanciaba el proceso judicial.
De ahí en más, Callá obtuvo una sucesión de fallos desfavorables rechazando su pretensión y favoreciendo la postura de CELTA, tal como ha ocurrido en todos los casos similares presentados en la provincia de Buenos Aires. La acción de amparo fue rechazada en primera instancia.
Tras la apelación de Callá, la causa fue derivada a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. El 7 de mayo de 2015, dicha Cámara rechazó nuevamente la acción de amparo y, como había sucedido en primera instancia, impuso a Callá el pago de las costas.
El 25 de junio de 2015, por ante la misma Cámara, Callá recurrió a la Corte Suprema de Justicia bonaerense, recurso que no le fue concedido por considerarlo inadmisible. Ante esta negativa, Callá recurrió “en queja” a la máxima autoridad judicial de la provincia de Buenos Aires, que rechazó su presentación “in límine”.
En el tramo final del periplo, las actuaciones fueron devueltas a los juzgados de origen, donde se procedió a su archivo.
En ese contexto, extinguida de pleno derecho la medida cautelar y actuando conforme con las decisiones judiciales citadas, CELTA efectuó hoy el corte de suministro eléctrico en el domicilio de Castelli 444, exigiendo al señor Donato Callá el pago total de la deuda contraída con la cooperativa de todos los tresarroyenses.
