Si los tiempos legislativos no se dilatan y el Senado termina transformando en ley el proyecto el mes que viene, las nuevas Policías locales podrían estar operativas recién para agosto del año que viene.
Esa es la estimación que realiza el oficialismo, aunque la oposición cree que las estructuras de seguridad municipales no arrancarán hasta 2016.
Luego de que la iniciativa lograra la semana pasada avanzar en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, con un dictamen de mayoría de varias de las fuerzas políticas que incorporó cambios al proyecto original, y uno en minoría del Frente Renovador, el FpV confía en que su tratamiento en el recinto será entre la última semana de abril y la primera de mayo, y que el Senado le dará también un rápido debate.
Una vez logrado consenso que la convierta en ley, la apuesta será entonces que se firmen rápidamente los acuerdos con los municipios adherentes, se realice el reclutamiento de los oficiales y comience la formación, que será de un año, aunque la primera camada, ante la urgencia de llevar adelante el sistema lo antes posible, se graduará en ocho meses. Los tiempos que calculan los acérrimos defensores de la iniciativa los lleva a estimar que los primeros efectivos de las policías comunales desembarcarán en las calles antes de la primavera del año que viene.
Para algunos sectores de la oposición, los tiempos calculados por el oficialismo se quedan cortos. “Hay que reclutar, armar la escuela de formación y comprar los equipos. Es imposible que esto arranque el año que viene”, estiman en el Frente Amplio Progresista. El proyecto prevé que la nueva estructura tenga en total 15 mil policías de base, que se distribuirán en los municipios con más de 70 mil habitantes y aquellos que por excepción adhieran a la ley.
Los aspirantes tendrán que ser ciudadanos del distrito en que trabajen y tendrán asignadas exclusivamente las tareas de prevención del delito. Además, cobrarán un sueldo que será aportado por la Provincia equivalente al inicial de un uniformado bonaerense, es decir $8.700, y su función en cada jurisdicción coexistirá con la de los efectivos de la Policía bonaerense que ya prestan servicio en cada lugar.
Tendrán un escalafón único y un régimen laboral especial, diferente del de los empleados municipales. Como informara ayer este diario, los oficiales sólo podrán portar su arma reglamentaria en horario de trabajo, debiendo dejarla al terminar sus horas de servicio.
Así, inspirado en el modelo español, el gobierno de Daniel Scioli buscará poner en marcha lo que cree dará una respuesta eficaz al avance del delito en la Provincia, a través de un mecanismo descentralizado y con amplia participación de los intendentes.
Fuente y foto: «El Dia»
