El diputado provincial Pablo Garate presentó un proyecto solicitando la inmediata rescisión de los contratos de obra pública provincial a empresas vinculadas a hechos de corrupción.
La iniciativa tiene por objetivo fundamental reforzar los mecanismos de transparencia, impidiendo que la Provincia celebre contratos con personas físicas o jurídicas que hubieren admitido en sede penal ser autores o partícipes de delitos.
Las mismas se dan en el marco de los regímenes de procedimiento penal conocidos como «el arrepentido» y de «responsabilidad penal empresarial».
“Las estrategias de prevención y combate de la corrupción deben transformarse en políticas de Estado que trasciendan los colores políticos de quienes transitoriamente ocupen los cargos de la administración pública”, finalizó Garate.




