Las recurrentes denuncias sobre el desempeño del médico laboral de la Comuna Alejandro Cabido fue uno de los ejes abordados por el Concejo Deliberante, el cual insumió casi una hora y se definió debatir la situación en una comisión extraordinaria con nulo poder de resolución tras la confirmación de que el bloque de Juntos por el Cambio lo denunció penalmente.
La petición del Frente de Todos (que fue rechazado mediante el voto del oficialismo y del macrismo) fue para que se inicie una investigación sobre el accionar del profesional sobre quien pesan numerosas denuncias sobre su accionar como médico municipal previo a ser licenciado en 2018 y fuera denunciado ante el Colegio Médico de Bahía Blanca desde 2016 por limitar los certificados médicos.
Esta situación motivó que el titular del Sindicato Municipal, Abel Gómez, lo tildara de «siniestro» el año pasado. Esta semana, el gremio le imputó el intento de «infundir miedo para que no se presenten certificados» ante casos de enfermedad de trabajadores municipales.
Denuncias, sanciones y defensa cerrada
En primer término, y tras sumar antecedentes ocurridos en el Parque Industrial ajenos a Cabido, la peronista Tatiana Lescano pidió establecer un marco de protección a trabajadores y trabajadoras
«No son situaciones menores ni con lo personal sino que repercuten en lo colectivo. Me remito a la norma: en el convenio colectivo dice qué hay que hacer cuando hay un problema interno. No es mi parecer, dice claramente que quién lo tiene que hacer es el departamento de Recursos Humanos. Lo único que decimos es que se cumplan los procedimientos», ponderó.
La cambiemita Daiana De Grazia indicó que realizaron una denuncia en el Juzgado Federal de Necochea en torno a la posible responsabilidad del médico por propiciar la propagación del virus.
«No nos corresponde investigar el hecho pero tenemos la obligación de denunciar. Estamos ante la supuesta comisión de un delito y por eso lo denunciamos. La Justicia determinará si fue así o no y me da bronca porque todos sabían y nadie hizo nada», remarcó.
En tanto, el peronista Martín Garate observó que «son dos carriles diferentes pero no tienen que ser excluyentes porque son coherentes. La diferencia es que la persona es personal municipal: el pedido obedece a que hay personal administrativo superior al médico laboral que está en condiciones de instruir un sumario, aplicar una sanción o no».
«La via administriva como la denuncia corren por sus carriles. Es un tema muy importante porque está involucrando a un montón de trabajadores municipales que trabajan en la primera línea contra el covid, personal que ya ha sido subestimado cuando han hecho reclamos en el Hospital por reconocimientos salariales. Inquieta que no se esté cuidando a la gente», ponderó su compañero de bloque Juan Gutiérrez.
En modo defensivo sobre el apuntado, la vecinalista (y colega) Claudia Cittadino aludió a «un prejuicio» sobre éste y pidió que «hay que escucharlo».
«Dentro de la facultad está en reconocer o no un certificado: después, si lo hizo bien o mal, es materia de estudio. Quedamos en eso en la comisión; después el bloque toma la decisión de presentarlo en la Justicia Federal. Pido que vuelva a la comisión, hagamos la evaluación y eventualmente elevemos el expediente al Ejecutivo porque a mi no me consta que haya nada por escrito ni ninguna solicitud de denuncia por escrito, ni que haya un expediente iniciado», remarcó.
Asimismo, la peronista Graciela Callegari observó que «la denuncia penal ya está presentada pero falta que la administración pública haga lo que le compete. No es para debatir: hay que aprobar el cumplimiento de la norma que lo rige. Ante la presentación pública de un hecho de esta naturaleza, el Ejecutivo tiene que actuar. No debe dejar que otros opinen, tiene que actuar. Y eso es lo que se pide», zanjó.
