El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la aplicación de la numeración para las calles de la ciudad junto a la modificación del convenio para instalar 20 cámaras de seguridad.
En tanto, volverán a tratarse los proyectos relativos a la controvertida ley 11.757 que rige las cuestiones de los empleados municipales: la de licencia por violencia de género, introducida por el Frente Renovador, y la de derogación definitiva, que impulsa el Frente para la Victoria.
El vecinalismo hizo pesar su mayoría y tras diferencias de criterio entre los concejales Werner Nickel (MV), Mario Pola (FpV) y Martín Garate (FR), las iniciativas retornaron a comisión.
En tanto, el edil oficialista aclaró que «no adelantan opinión» sobre la norma, sino que indicó que «corresponde un tratamiento más profundo». En el recinto, se hicieron presentes referentes del Sindicato de Trabajadores quienes reclaman su derogación definitiva.
Cruces por información pública
Por otra parte, el kirchnerismo planteó quejas por la «falta de respuestas» a pedidos de informe al Poder Ejecutivo y acusó que «no recibimos los decretos firmados por el intendente desde hace un año».
Previo a su aprobación por unanimidad, el edil Pola enumeró las de obras de cordón cuneta; convenio por Policía Local; médicos para Claromecó y colaboración con Gendarmería para combatir el delito. El massismo acompañó, fustigando por intermedio de Garate, que «la información no es el fuerte del Ejecutivo».
Desaprobaron pedido por la 501
Al cierre, la bancada oficial hizo valer nuevamente su mayoría para imponer un pedido de reformulación a un proyecto que apuntaba a resolver cuestiones edilicias de la Escuela especial.
Ésto generó un debate intenso, debido a que el vecinalismo pidió que las obras las ejecute la Provincia por intermedio de Infraestructura Escolar. Al instante, los opositores coincidieron en remarcar que se utilicen fondos de financiamiento educativo municipal junto a la explicación de los criterios empleados para su uso.
La negativa a tratar el proyecto original suscitó una queja posterior del concejal Martín Goizueta por cuestiones de abordaje legislativo.
