El integrante del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, Pablo Abraham, remarcó que la atención por vulneración de derechos «es intensa».
En comunicación con Radio 3, el profesional subrayó que el área cuenta con treinta personas para atender la demanda y que emitieron diez medidas de abrigo.
«Cuando no tiene buen resultado, se adopta la medida de abrigo: tenemos un plazo de seis meses en el que tenemos que hacer todas las actividades, trabajando en vinculación con la familia de origen. En la mayoría de casos se logra y en los casos que no, se solicita al Juzgado de Familia la declaración de la situación de adoptabilidad», calificó.
Por otra parte, limitó el accionar institucional hasta el pedido de adopciones y que a partir de allí interviene el Juzgado de Familia.
«Intervenimos a partir del embarazo: la Justicia nos impone la actuación cuando tenemos un caso de riesgo y hasta cuando cumple 18 años. En el hogar que funciona como resguardo, tenemos edades dispares desde bebés hasta adolescentes».
