Una auditoría interna encargada por el Gobierno nacional sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encendió alarmas en los tribunales al detectar un desfasaje contable de $158.000 millones generado por obligaciones no registradas debidamente en el organismo.
El relevamiento expuso marcadas diferencias presupuestarias y administrativas entre la división de contabilidad central del organismo y la oficina encargada de gestionar el programa Incluir Salud, esquema clave destinado a la cobertura médica, compra de medicamentos e insumos de alta complejidad para beneficiarios de pensiones no contributivas.
La investigación abarca el período que se extiende hasta la salida del ex titular del área, Diego Spagnuolo, en el marco de una revisión integral promovida por el Ejecutivo para transparentar la ejecución de los recursos públicos. La causa se encuentra bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi, quien evalúa la documentación contable aportada para determinar posibles responsabilidades penales e inconsistencias en la rendición de cuentas.
Frente a los requerimientos judiciales, las presentaciones de los involucrados rechazaron la existencia de maniobras ilícitas. En sus escritos, Spagnuolo negó la participación en esquemas de sobreprecios o desvío de partidas, argumentando que las variaciones obedecen a rezagos administrativos propios del sistema de liquidación del programa.
Las derivaciones de la investigación judicial avanzan en paralelo a los reclamos defensivos de nulidad presentados en el expediente, mientras los auditores continúan con el entrecruzamiento de datos para precisar el destino final y el estado de cumplimiento de los contratos prestacionales involucrados.
Fuente: La Nación
Fotografía: Ricardo Pristupluk / La Nación
