Al igual que en las anteriores tres sesiones, el Concejo Deliberante celebró una nueva jornada en el que la primacía de reclamos hacia el Ejecutivo superó a las iniciativas concretas presentadas.
Asimismo, al cierre de la jornada, se rechazó por unanimidad la intimación de Telefónica para que devuelva el edificio de Maipú 270 evidenciada por el intendente Pablo Garate, quien adelantó que adoptarán «cualquier clase de medida» para evitar el desalojo y que apuntó a la desidia del Movimiento Vecinal por no accionar cuando comenzó el reclamo en 2018.
De esta forma, la limitada agenda de proyectos puestos en consideración se extiende por cuarta sesión consecutiva.
En la primera de ellas, de veintitrés puntos abordados apenas ocho fueron proyectos (la mitad fueron recambios de funcionarios de la anterior gestión) y quince se trataron de pedidos al Ejecutivo; en la segunda, un pedido de declaración por el Día de la Memoria y cuatro licencias de concejales fueron los ejes centrales en el marco de una agenda completamente disminuída en relación a los numerosos pedidos de informes y declaraciones presentados.
En la del pasado 4, se viabilizaron la extensión al comodato de un predio municipal para uso de los clubes de servicio, proyecto que fue votado hace un año y aprobaron el pase a comisión del pedido de eliminar la Tasa Unificada; asimismo, se aprobaron la toma de un crédito por $221 millones para adquirir maquinaria vial y la solicitud para nombrar la plazoleta barrial de Santa Teresita como Ramón Manzanelli. Fuera de esos ejes, se analizaron otros catorce con reclamos puntuales.
En la jornada de hoy, vieron la luz el pedido de licitación por el servicio de recolección de residuos patogénicos para el Centro Municipal de Salud y la instauración del programa de capacitación en primeros auxilios y RCP para personal municipal.
Posteriormente, el resto de los ejes analizados versó sobre pedidos demorados como el acceso al sistema provincial RAFAM para controlar los gastos municipales en tiempo real; el que solicita saber la cantidad de trabajadores precarizados en la Comuna y el de informe sobre el estado del murallón costero de Claromecó, entre otros.
Veinte minutos de nada
Un dato llamativo fue la extensión de la discusión entre los bloques en torno al pedido de repudio de Unión por la Patria sobre las declaraciones (de hace una semana) por parte del diputado libertario Alberto Benegas Lynch en torno al trabajo infantil, que finalmente fue rechazado por mayoría.
El mismo derivó en intervenciones en torno a la negativa de acompañar pedidos de repudios por «carecer de autoridad moral porque lo difìcil es hacerse cargo» por parte de la radical Daiana De Grazia mientras que los peronistas Paola Acuña y Adolfo Olivera contrarrestaron al indicar que «vamos a repudiar todo lo que nos parezca que está mal».
La cívica Cecilia Del Águila terció entre la irresponsabilidad de los dichos y la realidad del trabajo infantil al reseñar que «la educación obligatoria se dicta así porque es un derecho que garantiza la posibilidad de que todos podamos crecer» mientras que el vecinalista Mariano Hernández marcó su distancia del episodio y adelantó el rechazo al pedido.
«Si vamos a detenernos a repudiar todos los dichos o actos de funcionarios, vamos a llenar sesiones enteras… Creemos que tenemos cosas más propias del distrito como legislaciones para actuar y mejorar la calidad de vida de los tresarroyenses», zanjó tras un dislate que se extendió por veinte minutos.
