El Concejo Deliberante aprobó el pase a comisión el pedido a la Provincia para que regularice el envío de fondos a IOMA luego del corte de prestaciones impuesto a los afiliados.
La jornada legislativa tuvo el mismo temario intrascendente que en la primera sesión del año; sin embargo, y al igual que lo ocurrido en esa oportunidad con trabajadores del Banco Provincia, se generó un sonoro reclamo de parte de una nutrida columna de referentes sindicales y trabajadores sociales que se sumaron al pedido de reincorporación de la trabajadora social Valeria Barrere.
En ésta, sólo se pusieron a consideración seis proyectos estrictamente de corte local (entre ellos, la licencia de Matías Meo Guzmán como concejal y la jura de su reemplazante Carolina Elisiri) cuyos temas más convocantes fue el de la obra social estatal y el de los recortes de programas de asistencia social.
Asimismo, se prestó apoyo al pedido para que se analice la presunta irregularidad tras las versiones de desembarco de la firma farmacéutica Farmacity al distrito.
IOMA: apuntan a resolver la situación
Las ediles K Mercedes Moreno y Tatiana Lescano coincidieron en señalar que el pase a comisión favorecerá el estudio de la problemática.
«Queremos analizar algunas cuestiones locales: hay que medir el impacto que va a tener en el Hospital, ya que los afiliados requerirán los servicios, que hará aumentar la demanda tanto en prestaciones como en el presupuesto», argumentó la segunda.
En tono similar a las anteriores, la renovadora Andrea Montenegro focalizó que «estas marchas y contramarchas no hacen bien a la sociedad. Sabemos que hay irregularidades y adherimos a que estas cuestiones se resuelvan».
Recorte de planes: «cambian reglas de manera artera y ladina»
Párrafo aparte mereció el tratamiento de un pedido conjunto del interbloque justicialista en el que se piden informes sobre modificaciones en los aportes económicos a planes y programas de contención social.
«No logramos entender en qué corazón entra esta medida ni en qué cabeza o escritorio se pensó: repudiamos que el Estado nacional se desentienda recortando prestaciones a los más vulnerables y pedimos explicaciones al Estado provincial que desarticula los dispositivos que den cumplimiento a la ley que de cumplimiento a los derechos de los niños. El gobierno de Cambiemos cambia reglas de manera artera y ladina», arengó nuevamente Lescano.
El cambiemita Horacio Espeluse recogió el guante, acompañó el pedido y desmintió que el Centro de Articulación del Ministerio de Desarrollo Social se cierre. «La coordinadora Lucía Rodríguez dijo que no era así y con respecto a que no fue a una reunión, notificó por vía telefónica que no estuvo porque tenía que viajar a Buenos Aires», sumó.
A su turno, Montenegro aludió al «riesgo psicosocial» de detener la ayuda social e ironizó con la «falta de empatía» del macrismo para dar una solución al tema.
«Me pregunto en qué provincia viven, qué conocimiento tienen de estas franjas vulnerables, qué barrios recorren; no sólo recortan sino que no los reemplazan con ningún otro programa. Se recorta y a otra cosa», concluyó.
A su turno, la vecinalista Claudia Cittadino defendió la posición de Barrere y la consideró una profesional de fuste. «Vemos con preocupación el recorte de becas, al mismo tiempo que se debate el Pacto Fiscal. Son programas muy importantes y fueron diseñados por trabajadores municipales, dedicados a la problemática. Se está incumpliendo la ley», puntualizó.
Por su parte, Moreno indicó que es tarea del Legislativo denunciar prácticas irregulares en la gestión de las políticas públicas y fustigó a la coordinadora Lucía Rodríguez por no asistir a un encuentro pactado con anterioridad.
«No hay gestión ni respuestas a los vecinos, como explicaciones de sus responsables. Esconderse en el silencio no es buena estrategia en la gestión pública: hay un problema político. Tenemos que tener la información para tomar las decisiones que correspondan», consignó.
