En una maratónica sesión y con la mayoría del Movimiento Vecinal y Cambiemos, el Concejo Deliberante viabilizó la aprobación de un pedido de reuniones entre el sindicato bancario y la Gobernación, en el marco de la ley que introdujo cambios en la caja de jubilaciones del Banco Provincia.
La misma, ampliamente rechazada por un grupo de trabajadores del Bapro, fue aprobada por 10 votos contra los 7 cosechados por las cinco fracciones del peronismo, quienes optaron por exigir el rechazo a la modificación dispuesta por la administración de María Eugenia Vidal presentado por el Frente para la Victoria.
Con sólo cinco proyectos presentados tras casi cuatro meses de receso, pese a que se renovó la mitad del cuerpo, la labor legislativa propiamente dicha distó de ser productiva al enfocarse en cuestiones como la declaración del Mes de la Mujer (retroactivo a marzo, con abril en curso) y el repudio al asesinato de una concejal brasileña acontecido el mes pasado en Río de Janeiro.
Por otra parte se produjo un breve cortocircuito (previo a su aprobación) entre el vecinalismo y el macrismo en torno al acceso a información en el marco de la modificación parcial de la Comisión de Adultos Mayores.
Jubilaciones del Provincia, con acusaciones
En cuanto a las jubilaciones del Bapro, el momento más álgido de la jornada, se registraron posturas enfrentadas entre las bancadas.
La kirchnerista Mercedes Moreno comparó la actual situación con el vaciamiento del sector bancario estatal durante los ’90 y exhortó a acompañar el reclamo de los trabajadores. «Se atenta contra los derechos de los trabajadores, adquiridos mediante la lucha y el esfuerzo; también contra la estabilidad económica del banco y se trata de un desfinanciamiento de la banca pública», explicitó y obtuvo un sonoro aplauso de los presentes.
A su turno, el vecinalista Guillermo Salim recordó la importancia de la entidad en el despliegue económico del distrito para luego indicar que quienes deben expedirse sobre el tema «los poderes Legislativo y Judicial» bonaerenses.
«Lamento que en los últimos dos años la mayoría de las líneas de fomento al sector desaparecieron o se minimizaron y se adaptaron a préstamos por ajuste por inflación, que traerá muchas complicaciones a quienes lo han tomado. Solicitamos que se retomen las reuniones para que se tengan puntos de consenso, es únicamente la Provincia la que puede resolver el asunto», puntualizó.
El macrista Horacio Espeluse defendió la dispuesto por la Gobernación y recogió el rechazo unánime de los trabajadores presentes, quienes debieron ser llamados al orden por la presidencia del cuerpo.
«Los fondos no salen de otro lado que desde la propia Provincia: somos respetuosos de los empleados y sus derechos legítimos, pero no podemos hacer mucho desde este recinto sobre lo que tiene que decidir la Justicia», culminó entre acusaciones sobre la veracidad de lo expuesto.
Los también K Martín Garrido y Tatiana Lescano arremetieron contra el anterior y fustigó la posición económica del macrismo. «Hace dos años que nos vienen echando la culpa de lo que pasa, aunque nunca se probó. Estos herederos ajustan con los más débiles, con los trabajadores», consideraron.
Al cierre, el renovador Matías Fhurer y el monobloquista Sebastián Suhit adhirieron a lo expuesto por sus antecesores del peronismo y validaron el reclamo sectorial al considerar «regresiva» la nueva reglamentación.
Transparencia, con manos en alto
Con respecto a la adhesión a un convenio de adhesión a un programa anticorrupción nacional, la macrista Daiana De Grazia defendió la medida y criticó que los patrimonios de los funcionarios locales permanecen en secreto.
«Las declaraciones juradas no son públicas, no están a disposición de los vecinos, no se sabe con cuánto ingresan ni con cuánto se retiran los funcionarios. No hace al funcionamiento del sistema democrático e insistimos que el convenio se cumpla, empezando por casa. Volvemos a los pedidos de informes sin respuesta y no nos deja ver lo que sucede en varias dependencias», focalizó.
Por su parte, Salim adelantó la adhesión y ejemplificó su acuerdo con la entrada en vigencia del Boletín Oficial local para luego defender la posición oficial y desestimar lo antedicho.
«Voy a tratar de no caer en chicanas y no me referiré a casos puntuales: me cuesta hablar del tema, pero no tenemos problema en explicar cualquier asunto que se deslice en alguna picardía política. No puedo dejar pasar ninguna acusación infundada: todos los funcionarios presentaron sus declaraciones juradas al ingresar y cuando se retiran», retrucó.
