Esta mañana, representantes de UOCRA Bahía Blanca y de la Cámara Argentina de la Construcción arribaron a un principio de acuerdo tras la denuncia de la entidad constructora por presuntos «aprietes».
El pasado viernes, el tresarroyense Pablo Quantín (presidente de la regional de la Cámara y dueño de la firma local Vial Agro) efectuó una denuncia penal contra la seccional bahiense del gremio. En la misma, se indicó que se incurrió en acciones presuntamente delictivas como extorsión, amenazas, intimidación y hasta de asociación ilícita.
Según indicaron fuentes de la empresa, en el encuentro celebrado en el Ministerio de Trabajo para acercar a las partes, se resolvió levantar la medida de fuerza que paralizó dos obradores en Pringles y ruta 35.
Los hechos incluso generaron el repudio de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien calificó de «actitud mafiosa» las presuntas acciones emprendidas por el sindicato, y según precisó lanueva.com ya son investigados por la fiscalía de Bahía Blanca.
El fiscal general, Juan Pablo Fernández, ordenó hoy iniciar una investigación de oficio y las actuaciones fueron giradas a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10, de Delitos Complejos, a cargo de Gustavo Zorzano.
