Los esfuerzos de los diputados provinciales del oficialismo en la última sesión del año por lograr sancionar el postergado proyecto que obliga a a los negocios de la Provincia a instalar terminales de pago electrónico, o “posnet”, que apunta entre otros aspectos a combatir la evasión impositiva y a aumentar la seguridad en las transacciones comerciales, volvieron a chocar contra las resistencias de un amplio sector de la oposición, que no prestaron acompañamiento para su tratamiento en el recinto, por lo que la iniciativa quedó postergada para el año próximo. En rigor, los legisladores del FpV mantuvieron negociaciones hasta último momento con sus pares de la oposición, especialmente con el sector más reticente a dar visto bueno a la iniciativa, los diputados del Frente Renovador de Sergio Massa. Incluso, el proyecto llegó a incluirse, en primer lugar, en el listado de temas a tratar “sobre tablas” en la última sesión, una alternativa que requería el acompañamiento de una mayoría especial de los dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento en el recinto y que incluía un acuerdo para que el Ejecutivo vete algunos artículos cuestionados por la oposición, como el monto mínimo de facturación requerido para la obligación. Pero, finalmente, el escenario legislativo resultó desfavorable.
El oficialismo perdió la batalla y el proyecto quedó postergado, según especulan algunos, para siempre. La iniciativa impulsada por el senador platense Gustavo Oliva obliga a instalar terminales de pago electrónico o “posnet” a comercios con una facturación mayor a los 200 mil pesos anuales con el fin de combatir la evasión impositiva y de aumentar la seguridad en las transacciones comerciales.
Aunque el proyecto fue presentado para facilitar las compras de los usuarios, el gobierno bonaerense le dio impulso para mejorar la recaudación: es que, según Arba, en promedio, un comercio que no cuenta con el sistema de pago electrónico factura el triple de lo que declara por Ingresos Brutos.
La iniciativa fue aprobada primero en el Senado y girada a Diputados. Pero en la Cámara baja se le introdujeron modificaciones para eximir de la obligación a prestadores de servicios y aumentar el piso mínimo de facturación para el establecimiento de la obligatoriedad, fijado originalmente en unos 78 mil pesos anuales, para dejar fuera de la disposición a los comercios más chicos. Luego, en el Senado se insistió con su redacción original y se la devolvió a Diputados, donde no tuvo los apoyos necesarios.
