La decisión del Banco Central de Paraguay (BCP) de intervenir y disolver Ueno Bank provocó un profundo sacudón financiero, judicial y político en el vecino país. El colapso de la entidad, que concentraba una masa masiva de clientes y administraba recursos de organismos estatales y cajas previsionales, dejó al descubierto graves irregularidades patrimoniales y transacciones crediticias cruzadas que terminaron por dinamitar la estabilidad del sistema y precipitar la salida del presidente Santiago Peña.
Ueno Bank se había consolidado como un actor central de la economía paraguaya tras absorber a Visión Banco, alcanzando a unos 2,9 millones de usuarios —cerca del 60% de la población adulta— y posicionándose como el quinto banco por volumen de depósitos. Sin embargo, un sumario del regulador monetario reveló que la entidad otorgó créditos e instrumentó transferencias de carteras por cifras millonarias hacia empresas vinculadas al propio grupo controlante, maniobras destinadas a maquillar la verdadera situación de solvencia y liquidez.
La intervención oficial ejecutada a comienzos de noviembre bloqueó de inmediato la operatoria de la aplicación móvil, las tarjetas y los pagos a plazos fijos, afectando tanto a ahorristas particulares como a fondos clave del Instituto de Previsión Social (IPS) y diversas instituciones públicas. Ante la masiva reacción social y el avance de una investigación que derivó en la imputación penal de cerca de treinta directivos y empresarios, la crisis escaló rápidamente al plano político, impulsando un pedido de juicio político y la posterior renuncia del mandatario Santiago Peña, en un escenario institucional que continúa bajo extrema tensión y con repercusiones colaterales que ya alcanzan a empresas de servicios tecnológicos en la Argentina.
Fuente: Infobae / Redacción Economía.
Fotografía: Reuters / EFE / Archivo General.
