El Concejo Deliberante sesionó nuevamente y, como ya es un rasgo distintivo desde la apertura del período legislativo el 2 de marzo, la agenda se vio reducida al mínimo atizada por la campaña electoral que ya comenzó a dar sus primeros pasos.
Con excepción del 23 de ese mes, en el que la oposición unificada y el oficialismo en modo rechazo viabilizaron un nuevo régimen de regularización catastral de construcciones (iniciativa que se aprobó y tuvo dos vetos consecutivos del Ejecutivo durante 2022), el resto de las sesiones se debatió entre la intrascendencia y la desidia de los bloques.
Las dos sesiones consecutivas de mayo y la concluida el jueves 22 pasado dieron fe de la baja producción que afecta al cuerpo legislativo. En los tres encuentros no se abordaron temas de interés para la ciudadanía sino meros pedidos opositores al gobierno municipal.
En esta oportunidad, y por extensión de apenas una hora, solo dos iniciativas vieron la luz: un pedido de escrituración social y la solicitud de licencia de la edil Daiana De Grazia. Posteriormente se abordaron una serie de pedidos relativos al estado de conservación del edificio La Previsión, a la solicitud de datos del censo de árboles y una pérdida de agua en Lavalle y Chacabuco, entre otros temas.
Pedido al IPS
A contramano del páramo de ideas proyectado por los dieciocho concejales, la Banca Ciudadana volvió a ser el punto distintivo.
La jubilada municipal Ana Delia Blanco exhortó al Instituto Previsión Social (IPS) que apunte a disminuir los plazos de cobro de los aumentos que perciben los pasivos en relación a los trabajadores activos.
«Vemos licuado este beneficio porque lo recibimos en 90 días o más. Hemos tomado conocimiento de que en otros municipios ese pedido tuvo recepción favorable, como en Saladillo, en donde participó también el Concejo Deliberante de esa localidad. No queremos ver vulnerados nuestros derechos», remarcó.
