TARIFAS INFLADAS POR IMPUESTOS

23.04.2018 - Editorial

Los tarifazos de gas aplicado por el gobierno nacional y el de energía eléctrica impuesto por la administración bonaerense, provocaron que la bronca se enquiste en quienes cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. El combo inflación permanentemente alta, suba repetida de tarifas, impuestazos, incremento mensual de combustibles en un mercado desregulado, y sueldos que rinden cada vez menos hace caer el consumo y crea angustia en la población.
Los servicios debían actualizarse porque estaban muy atrasados, y eso implicaba mayor gasto para los usuarios por dos conceptos, uno era la actualización del costo real de la prestación y el otro la eliminación de subsidios que debía compensarse con una suba proporcional en la tarifa. La cuestión era como se hacía la actualización tarifaria. El gobierno prometió gradualismo; la realidad muestra que fue más abrupta que gradual, y encima serial.
Lo que no se dice cuando se habla de los aumentos de tarifas es el análisis de cómo está conformada la factura de luz, de gas o del servicio que sea. Una parte se refiere al costo de producción, transporte, distribución y mantenimiento, y la otra a la carga impositiva que se aplica. Lo primero es lo que cuesta todo el proceso hasta que en casa prendemos la luz, encendemos una hornalla o abrimos una canilla. Eso es muy técnico y, por ende, de comprobación alejada del común de la gente. Para eso están los organismos de control. Lo que si puede estar demás en una factura de un servicio es algo o gran parte de los gravámenes.
En una factura de gas hay un componente del 33 % en impuestos, donde el 21 % de IVA es la carga tributaria más importante. En la factura de energía eléctrica el componente impositivo alcanza al 48 %, con ítems que se aplicaron en gobiernos militares y cuya permanencia es insólita, como el gravamen adicional del 5,5 % al consumo de energía eléctrica que se cobra desde abril de 1978 para financiar la construcción de la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava, una obra que nunca se hizo. En el año 1.997, -durante la gobernación de Eduardo Duhalde-, se aprobó el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, y no solo se confirmó el pago de ese impuesto para algo que ya por entonces hacía casi 20 años que se debía, sino que se crearon nuevos recargos a los consumidores para eximir del pago de gravámenes a los prestatarios.
En estos dos servicios hablamos de impuestos nacionales y bonaerenses; ya es hora de que los legisladores de las dos jurisdicciones traten de definir que carga impositiva corresponde que se aplique en los servicios y cual no tiene sentido que se cobre, para que lo pagado por los consumidores se refiera solamente a lo que cuesta el proceso de llevar el gas, la luz, o lo que sea hasta sus viviendas.

Marcelo N. Mouhapé Furné