MEDIDA LÓGICA PERO INCOMPLETA

30.04.2018 - Editorial

Hace una semana, en la editorial titulada “Tarifas infladas por impuestos” destacamos que las subas tarifarias estaban, además, incrementadas por una carga impositiva excesiva, improcedente y en algunos casos ilógica. Ese mismo día el presidente Macri pidió eliminar impuestos a los servicios, y la primera que lo hizo fue María Eugenia Vidal.
Por decreto la gobernadora eliminó dos resoluciones de gobiernos militares. Una de ellas fue la que criticamos en la editorial anterior, el Decreto Ley N° 9038 aplicado en 1978 y que implicaba gravar con un 3 % (después se elevó al 5,5 %) los consumos de energía eléctrica para crear el fondo que financiara la construcción de la “Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava”, en el área de Bahía Blanca. Una obra que debía estar terminada a principios de los años 80’ y nunca se hizo. El otro Decreto Ley que eliminó Vidal es el N° 7290 y databa de 1967, por el que se creó un Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires.
Con lo que eliminó la gobernadora la factura de luz para los hogares (faltaría generalizarlo) se abaratará en un 15,5 %. Podría bajar más si la legislatura bonaerense aprueba el proyecto enviado por Vidal para sacar otros impuestos que se cobran desde hace 20 años, pero en este caso hay resistencia porque eso representa que municipalidades y prestatarias pierdan ingresos. En el caso del gas, la eliminación impositiva que aplicó el gobierno bonaerense implica un ahorro del 6,3%.
En este caso sigue existiendo un problema para todas las facturas de servicios, y es el IVA, un tributo nacional que con su 21 % representa la mayor parte única de carga tributaria. Macri pidió a gobernadores e intendentes que eliminen los impuestos que les corresponde a su jurisdicción, pero el presidente no toca el IVA. Un “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago” que causó enojo entre mandatarios provinciales y jefes comunales.
La discusión impositiva en los servicios es muy importante, pero también debe darse la otra, la de cuanto cuesta llevar la luz, el gas, el agua o lo que sea a un hogar. La cuestión es muy técnica pero alguien debe esclarecerla, y no pareciera que en las audiencias públicas que se hacen antes de los aumentos tarifarios eso ocurra.
En los 90’ Menem privatizó todo, y se crearon organismos cuya función era defender a los usuarios al controlar que los servicios se brinden eficientemente y a un precio justo por parte de las empresas a las que el estado delegó la prestación. A mediados del año pasado, un amplio informe del diario “La Nación”, titulado “Los servicios públicos, controlados por una estructura ineficiente y obsoleta”, decía lo siguiente: “Años de intervenciones, funcionarios elegidos a dedo, pésima gestión, escasa representatividad de los usuarios, cambios y emparches en los contratos de concesión y, sobre todo, falta de independencia, fueron algunos de los problemas que los aquejaron. Varios de ellos ya no tienen sentido o se han tornado abstractos. La reforma profunda está fuera de agenda.”
Para que los servicios concesionados se presten correctamente deben estar controlados por organismos totalmente independientes, imposibles de ser controlados por el estado y cooptados por las empresas prestatarias. Algún día se podrá ver algo así en Argentina ?

Marcelo Mouhapé Furné