El Presupuesto Participativo es un sistema de intervención ciudadana que permite a los vecinos proponer y elegir realizar obras públicas con fondos municipales, en función de las necesidades de cada barrio. Para ello, las comunas deben incorporar en su presupuesto general un monto fijo destinado específicamente a ese fin. En Tres Arroyos, ese monto no debe ser inferior al 3 % del total del Presupuesto General.
En noviembre de 2010, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza del PJ de Presupuesto Participativo.
Por esos días, el Ejecutivo elaboraba el cálculo de gastos y recursos para 2011. Aseguró que no tenía tiempo para modificar el proyecto e incluirlo, pero se comprometió a instrumentarlo en 2012.
La misma promesa hizo el Intendente Sánchez en la pasada campaña electoral. Fue el 3 de octubre en el Instituto Nº 33, donde los candidatos a la jefatura comunal debatieron.
Allí, el postulante por Nuevo Encuentro, Guillermo Torremare, le reprochó a Sánchez que no cumplía con ordenanzas, entre ellas las del Presupuesto Participativo. A lo de Torremare se sumó el candidato por el FPV/PJ, Nicolás Ambrosius, quién remarcó la necesidad de democratizar el presupuesto.
Ante estos embates, Carlos Sánchez prometió que en 2012 entraría en vigencia el Presupuesto Participativo. “Ya organizamos reuniones en los barrios para tratarlo.", agregó.
Parece que alguien le escondió el almanaque al Intendente; porque, después de la elección que ganó, hubo tiempo para que cumpliera su promesa electoral; pero no lo hizo.
Está claro que el Ejecutivo municipal no tiene la voluntad política para poner en práctica el Presupuesto Participativo. Lo paradójico, es que quien se niega a incluir a los vecinos en un sistema que democratiza la discusión de las prioridades, es un gobierno de un partido llamado Movimiento Vecinal.
Institucionalmente, Sánchez no debe ignorar una Ordenanza aprobada por el cuerpo Legislativo. La Ley Orgánica de las Municipalidades, -en el inciso 5° del Artículo 41-, señala: “Es atribución del Intendente promulgar las Ordenanzas que son sancionadas por el Concejo, y ejecutarlas, dictando las disposiciones reglamentarias del caso.”
Aclaremos algo fundamental. Sobre esto se habla de una Ordenanza en potencia, porque el Ejecutivo no la reglamentó. No lo hizo, pero la Ordenanza está vigente igual. La misma Ley Orgánica, -en el inciso 12 del Artículo 39-, dice: “…Si no es observada por el Ejecutivo en el término de 10 días desde su comunicación, la Ordenanza quedará, de hecho, vigente.” Con lo cual, el Presupuesto Participativo es una Ordenanza viva desde diciembre de 2010, y, como tal, debe ser aplicada.
Puede que no hubiera tiempo de incluirla en el presupuesto de 2011, pero, porque el Concejo Deliberante, -sobre todo la oposición, y más que nadie los ediles peronistas-, aprobaron el presupuesto general de 2012 que no incluía al presupuesto participativo, que por Ordenanza regía desde hacía un año?
En declaraciones periodísticas, Concejales de la oposición criticaron al jefe comunal por obviar una Ordenanza que tiene casi quince meses, y que no se incluyó en dos presupuestos anuales tras su aprobación.
La queja mediática es potestad de los vecinos; quienes se postularon para representar a la gente están obligados a hacer algo más que protestar por la prensa.
En una Democracia plena los poderes se controlan. Si un Ejecutivo incumple la norma aprobada por el Legislativo, son los legisladores, -en éste caso Concejales-, quienes deben recurrir a la Justicia para que ésta haga cumplir la Ley, en éste caso una Ordenanza. Y tienen que hacerlo a tiempo, para evitar lo que pasó en el caso que tratamos.
Un Intendente que no aplica una Ordenanza, podría incurrir en un presunto incumplimiento en los deberes de funcionario público; pero si los Concejales no acuden la Justicia para que actúe y resuelva al respecto, esos ediles, -por omisión-, serían corresponsables de esa probable falta administrativa.
En el Presupuesto Participativo, a fines del año pasado los ediles cometieron dos errores. Primero, tras advertir que no había partidas para instrumentarlo en 2012 no agotaron las instancias, incluida la vía legal, para que se destinen esos fondos; y luego, al aprobar el Presupuesto General sin el Participativo, avalaron la ilegalidad del Ejecutivo de incumplir una Ordenanza.
Los Concejales tresarroyenses tienen que animarse a ser legisladores municipales de palabra y de hecho. Actuando a medias, no les sirven a la comunidad que los votó para servir.
Se animarán? Marcelo N. Mouhapé Furné.
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